El bot ciudadano 2030
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Brayner Abraham Gomez Baez
El país entra hoy en la segunda fase de la desescalada para tratar de volver a la normalidad, dejando atrás una estela de 515 fallecidos y 17,752 contagiados por el coronavirus Covid-19, de los que 70 murieron entre el 20 de mayo y este lunes que fue el primer escalón de la reactivación económica y social.
En ese primer tramo de la desescalada, 4,095 personas contrajeron el Covid-19 en el país.
Según el plan de reapertura de las autoridades, hoy reanudan sus actividades el transporte terrestre privado de pasajeros, los servicios religiosos en las iglesias solo los domingos y con pocas personas, así como los juegos de loterías, entre otros.
Saldo de primera fase
Desde el pasado 20 de mayo cuando se dio inicio a la primera fase de la desescalada económica a la fecha, cuando se inicia la segunda, se registraron en el país 4,095 nuevos contagios del COVID-19 y 70 nuevas muertes, pero la tasa de letalidad bajó 0.38%.
El boletín 63 que recoge los registros hasta el 20 de mayo pasado tiene la notificación de 13,657 casos confirmados, 448 fallecimientos y una tasa de letalidad de 3.28%.
En el boletín especial epidemiológico de ayer, el número 75, se registra un total de 17,752 casos confirmados, de los cuales 180 fueron nuevos, 13 nuevos fallecimientos para un total acumulado de 515, el número de personas recuperadas es de 11,075 y hay actualmente 6,162 personas enfermos, o sea con el virus activo.
El total de pruebas de laboratorio procesadas el día anterior fue de 1,194 para un total acumulado de 84,638, la tasa de letalidad se colocó en 2.90% y la positividad en 18.41%.
Distrito Nacional
Con el registro de 13 nuevos fallecimientos a causa del COVID 19, los casos de muertes en el país se elevan a 515 desde el inicio de la pandemia, mientras el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo continúan aportando la mayor cantidad de contagios con 115 de los 180 nuevos notificados en el último informe.
Las nuevas muertes captadas por el sistema se registraron en el Distrito Nacional, para un acumulado de 75 fallecimientos a causa de esta enfermedad respiratoria; una en Puerto Plata para un registro de 26 fallecimientos; dos en San Cristóbal para sumar 23; una en Santiago para 76 acumuladas; tres en Valverde para nueve muertes; una en Monte Plata para un total de siete en esa provincia y cuatro en Santo Domingo para 89 muertes acumuladas.
De acuerdo a explicaciones ofrecidas por el director interino de Epidemiología, doctor Adrián Puello, no todos los casos de muertes o de positivos ocurrieron el día anterior, ya que una muerte por COVID puede durar hasta 15 días antes de publicarse y un caso positivo hasta cinco días antes de colocarse en el boletín especial epidemiológico debido al arduo proceso de depuración y verificación que encierra.
De los casos positivos, 1,989 pacientes se encuentran en aislamiento hospitalario y 4,173 en aislamiento domiciliario, mientras de los hospitalizados 111 están ingresados en unidades de cuidados intensivos.
Iglesia Católica
Con señales de color azul en los bancos, que marcan donde debe sentarse cada persona para respetar el distanciamiento social, la Iglesia San Antonio de Padua se prepara para ofrecer los servicios de manera presencial desde este miércoles, al entrar en vigencia la segunda fase de la desescalada por el coronavirus en el país.
“La Conferencia del Episcopado Dominicano, mediante una circular enviadas a cada parroquia, ha dispuesto las recomendaciones que ya se están implementando para recibir a los fieles”, aseguró el padre Kennedy Rodríguez, director de comunicaciones de la Arquidiócesis de Santo Domingo.
Los evangélicos
Para el presidente del Consejo Dominicano de Unida d Evangélica(CODUE), Feliciano Lacen Custodio, el protocolo propuesto por la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control del Coronavirus que establece la apertura gradual de las comunidades protestantes de fe a partir de la segunda fase II de desescalada es “explicativo y detallado” por lo que desde el domingo van a realizar sus cultos.
OTROS NEGOCIOS
Transporte terrestre
En esta fase el transporte colectivo de empresas privadas urbano e interurbano podrá prestar servicio limitando el número de pasajeros al 60% de su capacidad para conservar la distancia.
Bancas de lotería
Cerradas desde el 20 de marzo pasado, las bancas de lotería reabrirán hoy sus operaciones, así como las loterías electrónicas, Lotería Nacional con sus sorteos diarios y los de billetes los domingos.
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Brayner Abraham Gomez Baez
Vista de uno de los arrestados durante los allanamientos realizados este miércoles durante la Operación Larva. (DIARIO LIBRE/ WANDER SANTANA)
La denominada Operación Larva, para desmantelar una amplia red de lavado de activos vinculada al narcotráfico, se desprende del decomiso de un cargamento de 700 paquetes de cocaína que realizaron las autoridades en marzo del 2020.
Así lo informó la Procuraduría General de la República este miércoles luego de poner en marcha la operación, mediante la cual se han realizado múltiples allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo (Este y Oeste), San Cristóbal y Punta Cana. Además, se han apresado a varias personas vinculadas a la organización criminal.
Los fiscales buscan evidencias relacionadas con el lavado de activos, así como a otros delitos.
A Díaz Rúa, cinco años de prisión, Rondón Rijo, ocho
Ramón Cruz Benzán
Santo Domingo, RD
A pesar de que los imputado s Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa fueron sentenciados a 8 y 5 años de prisión por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional por el caso Odebrecht, estos se mantendrán en libertad, tras el tribunal rechazar enviarlos a la cárcel.
Las magistradas Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo encontraron culpable a Rondón culpable de soborno nacional y lavado de activos y a Díaz Rúa culpable del delito de lavado de activos proveniente del enriquecimiento ilícito, imponiéndose al primero 8 años de prisión y al segundo 5 años, al haber sido probada las acusaciones en su contra.
En el dispositivo de la sentencia, el tribunal condenó a Rondón y Díaz Rúa al pago de una multa de 200 salarios mínimos cada uno, y rechazó la solicitud de variación impuesta a los imputados, en virtud de que en la celebración de todos los actos del proceso, no se advirtió peligro de fuga.
Las juezas ordenaron el decomiso a favor del Estado dominicano de una parte de los bienes incautados a los imputados Rondón y Díaz Rúa, ordenando el cese de toda orden de inmovilización de fondos, la radiación y cancelación de cualquier inscripción u oposición, el levantamiento de las medidas cautelares y la restitución de los mismos.
El tribunal también ordenó notificar al juez de ejecución de la pena del Distrito Nacional para los fines correspondientes, fijando para el 25 de noviembre a las 3:00 de la tarde la lectura íntegra. A partir de ahí es que estos imputados y el Ministerio Público, si no están de acuerdo con la sentencia, comienza a correr el plazo para la apelación de la decisión. A la salida de la audiencia, Rondón, acompañado de sus abogados José Miguel Minier, Emery Rodríguez y Fernán Ramos, tras ser abordado por los medios sobre la decisión del tribunal, respondió que aceptaba la decisión dictada en su contra “Me condenaron por soborno sin haber sobornados, la única vez que ha habido soborno sin sobornar”.
Manifestó que sigue con la frente en alto porque el Ministerio Público no pudo demostrar el soborno, al tiempo de adelantar que tan pronto se le notifique la sentencia la recurrirá en apelación por no estar conforme con la misma.
Díaz Rúa deplora De su lado, Díaz Rúa calificó de “desmedida y disparate” la sentencia dictada en su contra, ya que el tribunal no lo condenó por los sobornos de Odebrecht, sino por supuesta comisión de lavado de activos producto del enriquecimiento ilícito, por una declaración jurada, tras adelantar que también la recurrirá en apelación.
“Esa sentencia es desmedida y un disparate. A mí no me acusan por Odebrecht sino por mis declaraciones juradas. ¿Y quién ha visto que por una declaración jurada me condenan a tanta cosa y voy a recurrir en apelación la decisión”, expresó Díaz Rúa tras ser abordado a la salida del tribunal
De inmediato, Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), resaltó las condenas, al tiempo de adelantar que los fiscales apelarán la sentencia de los descargados.
“En los casos en que ha habido descargos, nosotros, al menos en las motivaciones que han dado las juezas, hemos advertido algunas contradicciones y podemos anunciar, desde este momento, que apelaremos esta decisión con relación a las personas que han sido descargadas”, expresó.
Recordó las palabras de Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, en el sentido de que “los corruptos no deben tener a nadie que los ayude, ni ningún lugar donde esconderse”. Dijo que una vez se les notifique completa la decisión, estarán recurriendo la misma con relación a las personas que han sido descargadas “porque nosotros estamos convencidos de que debía haber condenas, como ha habido en este momento, pero entendemos que debieron ser más las condenas que se han presentado”.
“Algunas de las cuestiones que hay que tomar en cuenta es que Mauricio Dantas Bezerra, que fue uno de los testigos que el tribunal tomó en cuenta para producir condenas, hizo referencia a otros imputados y nosotros entendemos que la valoración de esa prueba debe darse en la misma dirección que los imputados que fueron condenados”, sostuvo.
SEPA MÁS Confiscación de algunos bienes Condenado Díaz R. El Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del juzgado de la Primera Instancia del Distrito Nacional, ordenó este jueves el decomiso a favor del Estado dominicano de los bienes del imputado Víctor José Díaz Rúa, condenado a cinco años de prisión y una multa de 200 salarios mínimos.
Yate Balbie Además de bienes inmuebles, al condenado Díaz Rúa le confiscan el yate de recreo marca Pershing, color azul, año 2011, de 60 pies de eslora, número de registro 746600, matrícula No. DL 1930AF, bautizado como “Balbie”.
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Brayner Abraham Gomez Baez
jueves, 14 de octubre de 2021
Cronología: Cuatro años y cinco meses para entender el desarrollo del caso Odebrecht
Hoy se conocerá la sentencia contra los seis implicados
Ashley Ann Presinal
Santo Domingo, RD
Tras cuatro años y cinco meses de haberse destapado uno de los mayores escándalos de corrupción registrados en la región, este jueves el caso Odebrecht en suelo dominicano encuentra su primera gran sentencia.
En el juicio de fondo se espera que las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional Giselle Méndez, Tania Yunes y Jisell Naranjo decidan si seis implicados en el caso obtendrán la libertad o serán condenados con penas que van desde 5 a 10 años prisión.
El listado de los que esperan por el fallo está integrado por el empresario Ángel Rondón; el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa; el abogado Conrado Pittaluga; el exsenador Tommy Galán; el expresidente del Senado, Andrés Bautista García y Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa).
El caso ha dado vueltas en los tribunales desde el 29 de mayo de 2017, cuando iniciaron los apresamientos contra el grupo, originalmente 13 personas.
Desde entonces, el caso de sobornos millonarios que involucra a exfuncionarios y pasados legisladores se ha encontrado de frente con aplazamientos, variaciones de medida de coerción, absolución de varios implicados, disposición de archivos definitivos y cientos de pruebas y testigos.
Sus inicios
Todo inició el 22 de diciembre de 2016, momento en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos develó que de 2001 a 2016 la empresa brasileña Odebrecht había entregado sobornos por US$788 millones en 12 países de Latinoamérica, para obtener 100 contratos de obras de infraestructura.
En el documento figura República Dominicana como uno de los países que recibió estos sobornos, por un monto de US$92 millones entre el 2001 y 2014, periodo en el que administraban el país Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina.
Al enterarse del señalamiento por parte de las autoridades estadounidenses, el Gobierno dominicano respondió que hasta ese momento no había recibido información por una vía oficial, y que de ser cierto “actuaría con toda responsabilidad contra los involucrados”.
Iniciaron las investigaciones
Cuatro días más tarde del comunicado norteamericano, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió la documentación y abrió un proceso de investigación contra la constructora y sus representantes en el país.
A partir del 28 de diciembre de ese año comenzaron los allanamientos y los interrogatorios. En total, fueron más de 25 personas las que pasaron por interrogatorios de los fiscales.
Al final, sólo acusaron a 14 individuos de haber formado parte del entramado corrupto.
El 19 de enero del 2017 la PGR, acompañada de ocho unidades de agentes de Operaciones Especiales, allanó por más de seis horas las instalaciones de la empresa en el país, logrando incautar al menos veinte cajas con documentos probatorios.
Las autoridades explicaron que las pesquisas fueron el resultado del contraste de las informaciones suministradas por los representantes de la empresa brasileña en el país y los datos obtenidos mediante labores de inteligencia.
El acuerdo
El 21 de enero de 2017 el entonces procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, anunció que Odebrecht se había comprometido a pagarle al República Dominicana un total de US$184 millones, siendo esto el doble del monto que la empresa admitió haber pagado como sobornos al país.
No obstante, el acuerdo no fue sinónimo de que se detuviera el proceso judicial del caso. En su momento, el exprocurador aseveró que esto no impediría que se siguiera investigando, “sin descanso y hasta sus últimas consecuencias caiga quien caiga”.
Para finales del año pasado la constructora brasileña aseguró que había pagado al Estado dominicano US$60 millones de dólares en cumplimiento de este acuerdo.
Apresamientos y medida de coerción
Cuatro meses más tarde, el 29 de mayo de 2017, se emitieron las órdenes de arresto en contra del grupo y fueron apresadas 14 personas.
Se les acusó de proscripción de la corrupción, lavado de activos, soborno en el comercio, asociación de malhechores, coalición de funcionarios y prevaricación, y falsedad en declaración de bienes.
Tras extensas audiencias, el juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, impuso medida de coerción en contra de los imputados.
A Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga le dictaron nueve meses de prisión preventiva en Najayo Hombres; a César Sánchez y Máximo de Oleo, tres meses de prisión en el mismo centro penal; mientras que Temístocles Montás, Andrés Bautista y Ruddy González fueron enviados por seis meses a la cárcel.
Ángel Rondón fue enviado por un año a La Victoria con prisión preventiva como medida de coerción.
El listado continúa con Radhamés Segura y Roberto Rodríguez, a quienes les dictaron nueve meses de arresto domiciliario.
Por último a Tommy Galán, Alfredo Pacheco y Julio César Valentín le impusieron una fianza de 5 millones de pesos e impedimento de salida del país.
Los dejaron en libertad
Meses más tarde los encartados obtuvieron su libertad con garantías económicas e impedimentos de salida, luego de que el juez Ortega Polanco variara la medida de coerción que había impuesto.
Por un lado, a los 14 acusados se les permitió llevar el proceso judicial fuera de los centros penitenciarios, por el otro el magistrado le dio un plazo de ocho meses al Ministerio Público para completar los expedientes.
Quedaron fuera del proceso
La gestión de Jean Alain Rodríguez presentó un archivo definitivo en el que solicitaba la apertura de juicio a favor de siete imputados por considerar que “no habían elementos de prueba suficientes” respecto a ellos.
Temístocles Montás, Julio César Valentín, Radhamés Segura, Bernardo Castellanos, César Sánchez, Máximo De Óleo y Ruddy González fueron beneficiados con este archivo.
“Chu” Vásquez en el caso
El actual ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez “Chu”, fue añadido en el proceso judicial junto a los encartados.
No obstante, fue excluido en junio de 2019 del juicio luego de que el magistrado Ortega Polanco emitió un “No a lugar” a su favor.
Lo que pide el Ministerio Público
El 13 de mayo de este año la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca) incorporó todas las pruebas ante el tribunal, en total más de 1,000 documentos.
El MP pidió las siguientes penas para los imputados en el caso:
Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, 10 años de prisión; Conrado Pittaluga, 7 años de prisión; Andrés Bautista, Tommy Gálan y Roberto Rodríguez, 5 años de prisión.
Asimismo, los fiscales solicitaron el decomiso de los bienes de cada uno.
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Brayner Abraham Gomez Baez
Crece expectativa por sentencia hoy después de un año
Ramón Cruz Benzán
Santo Domingo, RD
Tras concluir casi en un año el conocimiento del juicio de fondo en contra de los seis implicados en el caso Odebrecht, las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional darán a conocer hoy jueves su veredicto de si condenan o absuelven a los encartados en el entramado de sobornos.
Las magistradas Giselle Méndez, Tanía Yunes y Jisell Naranjo fijaron para las 3:00 de la tarde la lectura del fallo, que fue reservado el 30 se septiembre, tras el tribunal dar por concluidos los debates del juicio de fondo.
Hay expectativa en la ciudadanía sobre el veredicto de la lectura de la sentencia a Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Tommy Galán, Andrés Bautista García y Roberto Rodríguez. Durante el juicio de fondo, que inició el 5 de noviembre del 2020, los imputados han reiterado que son inocentes, mientras el ministerio público por el contrario viene reiterando su culpabilidad en el entramado de corrupción. El grupo fue arrestado el 29 de mayo de 2017, junto a otros imputados que fueron excluidos del expediente, tras ser favorecidos con el archivo definitivo, señalados como los beneficiarios de US$92 millones que la constructora admitió haber pagado en el país, para lograr contratos de obras gubernamentales.
Al grupo el mismo juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, que conoció el juicio preliminar, le dictó prisión preventiva el 7 de junio de 2017; pero posteriormente le fue variada la medida de coerción por la Segunda Sala Penal de la Suprema y por el juez de instrucción.
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Brayner Abraham Gomez Baez
George Bazin dijo que ya no tiene sentido vivir en Haití porque allí “no hay seguridad para nadie”
Ricardo Santana
Santiago, RD
El terror que están imponiendo los grupos pandilleros que controlan barrios y calles de Puerto Príncipe, Cabo Haitiano y otras ciudades de Haití, la inseguridad generalizada, desempleo, quiebra de negocios, falta de alimentos, combustibles y otros males, está impulsando a muchos haitianos de clase alta y media a buscar visas en los consulados dominicanos en ese país, para radicarse aquí.
Una fuente diplomática dominicana en Cabo Haitiano ha confirmado que en las legaciones consulares que operan en Haití se ha producido un mayor flujo de personas de todos los estratos sociales que quieren obtener sus visados para ingresar a territorio dominicano.
Tal es el caso de George Bazin, un hombre que cerró su negocio, junto a su esposa y dos hijos menores de edad, abandonó su casa y tras conseguir visas dominicanas en Puerto Príncipe, decidieron entrar a territorio dominicano.
“Nos la dieron por seis meses y ya llevamos dos y medio aquí; nos gusta mucho este país y no queremos volver”, agregó.
Dijo que él y su esposa manejaban una fábrica de chocolate en Delma, pero que fueron víctimas de una banda que, aunque no los secuestraron, les saquearon su negocio.
La gente está asustada” “Para qué vivir en Haití, si no hay seguridad para nadie y para nada, y esos secuestros tienen a la gente asustada”, se quejó.
Bazin busca ahora un local en Santiago para, junto a un socio de su mismo origen, instalar su mediana industria chocolatera.
Su caso no es aislado. Dianny Bisoneaux declaró a Listín Diario que hace dos años se graduó de licenciada en enfermería en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) y luego de investirse regresó a Cabo Haitiano, su pueblo, donde laboraba en el hospital público.
Sin embargo, expresó que su madre, quien tenía una fábrica de dulces y de manualidades, por poco la secuestran y que su progenitora, junto a ella y otras dos hermanas, decidieron emigrar a Santiago.
La profesional manifestó que ahora está sin empleo en este país, porque su visado está vencido, pero dice que, por lo menos, ayuda a su madre en una pequeña fábrica de dulces que tiene en el sector Bella Vista, al suroeste de Santiago.
Sin ánimo de regresar “Queremos regular nuestro estatus migratorio en el país; no queremos problemas con las autoridades y tampoco estamos en ánimo de regresar a Haití, al menos hasta que la situación no mejore”, enfatizó.
De su lado, Jenfrey Dubreiul, del Comité de Defensa y Protección Civil del Noreste de Haití, agregó que lo que está sucediendo en su patria es “lamentable”.
A merced de pandilleros “Te secuestran hasta para llevarte una bicicleta; los vehículos se los quitan a las personas a la fuerza y luego tienen que comprarlos al precio que digan los pandilleros”, lamentó.
En ese contexto, añadió que esas bandas se financian a través del secuestro, asaltos, saqueos a establecimientos comerciales, ventas de drogas, estafas, chantajes y otros delitos.
Dubreiul, quien se encuentra de visita en República Dominicana, dijo que regresa a su pueblo natal de Cabo Haitiano, porque no teme a las amenazas y que seguirá denunciando lo que pasa en Haití, sin importar el riesgo que corre su vida.
“Haití es invivible en estos momentos, seguirán llegando más a este país, prepárense, que así será”, observó el activista.
OLA DE TERROR Hay 76 pandillas. Según cifras proporcionadas por la Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reintegración, en Haití existen más de 76 pandillas.
Actualmente, 500.000 armas ilegales están circulando en ese país. Estos grupos armados tienen atemorizados a residentes en distintas partes de ese país, y preocupa a quienes desde hace tiempo se han radicado en este lado de la isla en busca de mejores condiciones de vida, educación y economía.
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Brayner Abraham Gomez Baez
El mandatario valoró la colaboración ofrecida por el gobierno norteamericano para reformar la Policía Nacional, la contratación pública y decomiso de bienes ilícitos, trata y tráfico de personas.
Adriana Peguero
adriana.peguero@listindiario.com
Santo Domingo, RD
El presidente Luis Abinader afirmó ayer que Estados Unidos se comprometió con su gobierno para ayudar activamente en la reforma de la Policía Nacional.
Sostuvo que esta ayuda para transformar la Policía Nacional se hará a través de proyectos que modernizan su infraestructura tecnológica y lograr la acreditación internacional.
El mandatario expresó que los esfuerzos conjuntos de Estados Unidos y la República Dominicana en los últimos meses también han mejorado los procedimientos de reclutamiento y selección de candidatos interesados en unirse a la Policía Nacional.
Abinader encabezó ayer el segundo diálogo de alto nivel con autoridades de Estados Unidos, en el que trataron los temas sobre la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana y la Reforma Policial, la Reforma de la contratación pública y el decomiso civil de bienes ilícitos, conocido como la Ley de Extinción de Dominio.
El jefe de Estado informó que también abordaron la reforma de las entidades supervisoras del Estado, la trata y el tráfico de personas y de nuevas reformas en el Estado, con la finalidad de plasmar un nuevo horizonte en el futuro de la nación. En el encuentro se evaluaron los avances alcanzados en el diálogo de alto nivel realizado el pasado 28 de abril y se discutió la agenda común para el fortalecimiento de la institucionalidad, la cooperación con Estados Unidos y el reforzamiento de la democracia regional.
Cumbre por la Democracia “Nos brinda su colaboración en la lucha contra la corrupción, el mejoramiento de la transparencia y en conseguir finalmente un buen resultado en materia de seguridad ciudadana”, añadió Abinader.
Dijo que para ello, planteó la celebración de una Cumbre por la Democracia, en la que se expondrán todas estas cuestiones y muchas otras más, de las que está completamente seguro de que servirán para conseguir un éxito rotundo en lo relativo a las reformas estructurales que necesita el país.
En el cónclave a puerta cerrada participaron Samantha Power, representante de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ( USAID), y Robert Thomas, Encargado de Negocios de la Embajada de esa nación.
“Nos encontramos por segunda vez este mismo año, los representantes de los Estados Unidos de América y de la República Dominicana en este Diálogo de alto nivel sobre Reformas Institucionales, para abordar distintos temas de la agenda común de nuestros países, para el fortalecimiento de la institucionalidad, la cooperación entre Estados y el reforzamiento de la democracia en nuestra región y el mundo”, dijo el mandatario.
Expresó que no es casualidad que estos países sean promotores de estas iniciativas en favor del desarrollo y la estabilidad económica, social y política.
“Mi compromiso es legar un estado de derecho sólido, en el que se respeten las libertades y los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos y una nación libre de delincuencia, en la que nuestros compatriotas y todos los que nos visitan, sientan que es un país que les cuida, les protege y les alienta a seguir adelante”, aseguró.
Relaciones excelentes Abinader manifestó que las relaciones entre la República Dominicana y Estados Unidos on excelentes.
“Como he destacado en anteriores ocasiones, con estas acciones que emprendemos de manera conjunta, la cooperación mutua se ve sumamente fortalecida. El compromiso que hemos adquirido es el de trabajar en pos del desarrollo de nuestros pueblos, del crecimiento de nuestras economías y en favor del fortalecimiento de nuestros sistemas democráticos”, precisó.
Recordó que en meses pasados habló de la importancia que tiene para su gobierno, la seguridad ciudadana, como un elemento común al que presta la mayor atención y sobre la cual cree necesaria la colaboración al más alto nivel.
“No quiero dejar de mencionar la importante labor de la señora Samantha Power, directora de USAID y el de todo su equipo, quien se ha empeñado personalmente en hacer posible este segundo diálogo de Alto Nivel entre nuestros países. Así como el gran trabajo del resto de representantes de los distintos organismos estadounidenses presentes aquí, de aquellos que trabajan desde otros lugares y por supuesto, el de los miembros de mi gobierno, encabezados por nuestro Canciller”, manifestó Abinader.
SEPA MÁS Participantes. También participaron Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores; Eduardo Estrella, presidente del Senado; Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados; Janel Ramírez, presidente de la Cámara de Cuentas; José Ignacio Paliza, ministro Administrativo de la Presidencia, Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética Institucional; el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, y el director de la Policía, mayor general Edward Sánchez, entre otros.
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Brayner Abraham Gomez Baez
